En 2019, Jesús Zaldívar Benavides fue acusado, a través de una denuncia anónima, de desviar 35 millones de pesos durante su gestión como director del Conalep en Puebla. Estos fondos estaban destinados al mantenimiento de 11 planteles educativos, pero no se justificaron adecuadamente y se le señaló por falsificación de documentos.
Aunque la denuncia fue presentada en 2019, fue hasta 2021 que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició el proceso judicial contra Zaldívar Benavides, lo que culminó en su vinculación a proceso. A pesar de ello, Zaldívar argumentó ser víctima de una persecución política durante el proceso electoral de 2024, afirmación que fue desmentida por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien aseguró que no había motivaciones políticas detrás del caso.
El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), en agosto de 2024, resolvió inhabilitar a Zaldívar por 15 años para ocupar cargos públicos, además de imponerle multas que suman más de 60 millones de pesos. Las pruebas presentadas ante el TJA señalan la malversación de fondos y el uso de documentos falsos para justificar obras inexistentes.
Aunque Zaldívar ha intentado defenderse argumentando que cumplió con sus obligaciones contractuales, las investigaciones han revelado múltiples irregularidades, incluidas firmas falsificadas y testimonios de testigos que desmienten la realización de los trabajos. El proceso sigue avanzando y se espera que Zaldívar Benavides enfrente las consecuencias de los delitos que se le imputan.
